March 10, 2000


Opinion

¿Reforzar la guerra contra las drogas, o terminarla?

por Jacob G. Hornberger

Con su nueva propuesta ante la legislatura, el gobernador republicano de Virginia, James Gilmore, quiere aplicar penas más fuertes a los consumidores y a los vendedores de drogas.

Ni el gobernador Gilmore ni nadie puede sostener que la guerra contra las drogas, lanzada hace ya varias décadas, ha logrado sus objetivos. A cada rato las autoridades anuncian haber logrado decomisar el mayor cargamento de drogas en la historia, lo cual parece comprobar que la guerra todavía está muy lejos de lograr sus objetivos. Es exactamente porque la guerra ha fracasado que con tanta frecuencia oímos propuestas para intensificarla.

El propósito de medidas tales como las que propone el gobernador Gilmore es disminuir tanto la demanda como la oferta de las drogas. Del lado de la demanda, se anticipa que la demanda disminuya, al aumentar el castigo a los adictos. Y por el lado de la oferta, el análisis es parecido. Se espera que puedan reducirse las ventas de drogas si los vendedores son amenazados con penas más duras.

Lamentablemente, la posibilidad de confrontar un mayor castigo no suele modificar el comportamiento de los narcómanos, entre otros motivos porque no creen que les tocará a ellos el ser aprehendidos. Además, la adicción misma los empuja a seguir consumiendo por más que aumenten el precio y el riesgo. Se trata de lo que los economistas llaman la "demanda inelástica," porque los cambios de los precios prácticamente no surten efecto alguno sobre la demanda.

Las duras penalidades del lado de la oferta de drogas tampoco obtienen los resultados deseados, porque tanto el precio de las drogas como las ganancias por sus ventas aumentan cada vez que las autoridades logran reducir la oferta con un mayor celo en hacer cumplir las leyes. Este aumento en los ingresos induce a más gente a meterse al narcotráfico, lo cual a su vez vuelve a aumentar la oferta. Es por eso que vemos a personas comunes y corrientes, como por ejemplo a empleados de aerolíneas y de aeropuertos, metiéndose en el negocio ilegal de las drogas.

El aumento en la dureza de las autoridades también tiene una seria y mala consecuencia para la sociedad. Con el fin de conseguir una mayor cantidad de dinero para poder costear las drogas, cuyos precios aumentaron de manera artificial, el adicto se torna violento, asaltando, robando e hiriendo a gente inocente. ¿Cuándo fue la última vez que Vd. oyó de algún borracho que atracó a alguien o que lo mató para poder comprar una botella de ron?

Entonces, ¿por qué siguen insistiendo los funcionarios estatales en redoblar los esfuerzos contra las drogas? Algunos tienen buenas intenciones, creen honestamente que sus propuestas lograrán finalmente que la gente deje de consumir substancias tan nocivas. Pero, al cabo de varias décadas de fracasos con consecuencias tan funestas para la sociedad, no basta con tener buenas intenciones.

Y hay otra explicación que tiene que ver con el interés personal de quienes proponen aumentar aún más la severidad de las leyes contra las drogas. Los que se benefician económicamente son los narcotraficantes, cuyas ganancias se disparan, y también los funcionarios del gobierno, cuyos presupuestos crecen y que, además, obtienen fortunas con el decomiso de propiedades.

Por ejemplo, en el 1998, los fiscales de Chesapeake, Virginia confiscaron más de 160.000 dólares en activos de diversa índole, contando 80.000 dólares en efectivo. El botín fue dividido entre el estado de Virginia, el departamento de policía local y los fiscales. Los funcionarios estatales también se quedan con una parte cuando ayudan a la DEA o al FBI en las redadas para buscar drogas. Ello significó 100.000 dólares más para el municipio de Chesapeake.

En el condado de Prince George, estado de Maryland, una investigación descubrió recientemente que el departamento de policía había escondido 45.000 dólares desde hace siete años, con la esperanza de que la legislatura promulgara una ley que les permitiera quedarse con el dinero.

En una sociedad libre, cada persona debe preguntarse por qué ha de tener el Estado el poder de castigar a nadie por su conducta autodestructiva. También debemos preguntar para qué debe ser reforzada una larga y fracasada guerra que corrompe a la sociedad.

Hace poco el gobernador republicano del estado de Nuevo México, Gary Johnson, hizo un llamado para acabar con la guerra contra las drogas. ¿Cuál de los estados guiará a la nación tomando tal medida?

Jacob G. Hornberger es presidente y fundador de The Future of Freedom Foundation en Fairfax, estado de Virginia. Visiten la "FFF en Español" sección de nuestro sitio web: http://www.fff.org.

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