August 27, 1999


`Ningún ser humano es ilegal'

Cortes de Justicia en Estados Unidos indican que los inmigrantes también tienen derechos

Por Maria Elena Kennedy

En 1996, el Congreso de los Estados Unidos promulgó un decreto denominado Reforma a la Inmigración Ilegal y Responsabilidad Inmigratoria. A pesar de que el decreto legal permitía a muchas personas recibir amnistía y por lo tanto llegar a ser residentes legales en Estados Unidos, también creó muchos problemas para otros inmigrantes y en algunos casos con resultados desastrozos para las familias. La nueva ley le permitía a la US Immigration and Naturalization Service (INS) el deportar a personas acusadas de algún crimen, lo cual ha dado como resultado que muchas personas sean deportadas por ofensas menores, tales como una infracción de tránsito.

Pero un fallo legal en una corte de apelación el pasado mes de Julio en Seattle, Washington, ha levantado las esperanzas tanto de los inmigrantes como de los activistas que trabajan en su favor. El panel de cinco jueces establecieron restricciones a las prácticas del INS que han causado preocupación a los defensores de los derechos de los inmigrantes durante muchos años. Estas controversiales prácticas incluyen el albergar a inmigrantes que esperan ser deportados, frecuentemente por ofensas menores, en prisiones que también albergan criminales violentos. En algunos casos, estas detenciones son indefinidas. La declaración de los jueces, que fué presentada en un documento de 13 páginas, indica que las prácticas de la INS violan los derechos de las personas que esperan la deportación al negárseles su libertad.

"La INS tiene la autoridad para detener a personas mientras esperan a que sean deportadas, pero la corte reconoció que éstas personas tienen más derechos de los que la INS les concede", denunció Charles Wheeler, abogado que representa a la Catholic Legal Network-CLN (Red Legal Católica) con sede en San Francisco, California.

Wheeler indicó que en ocasiones la agencia gubernamental INS encarcela a inmigrantes por más tiempo de la sentencia original. "Estamos hablando de personas que han cumplido su castigo de cárcel y que aún esperan ser deportados", explicó Wheeler, "estas personas se encuentran en instalaciones del INS por meses, incluso años".

Wheeler indica que mientras la decisión de la corte en Seattle es aplicable solo en el Oeste del Estado de Washington, es un importante antecedente para el Estado de California. "Existen por lo menos 200 casos muy similares pendientes en California", indicó, "la corte de Seattle hizo eco a lo que otras cortes a lo largo del país han estado indicando: "Estas personas tienen derechos'". La INS manifestó que apelará la decisión. "Yo creo que mientras la Suprema Corte de Justicia no tome una decisión al respecto, ésta disputa quedará indefinidamente en litigio", indicó Russel Bergeron, portavoz del INS.

Los defensores de los derechos de los inmigrantes indican que existe una gran necesidad de reformar las leyes de inmigración en los Estados Unidos. Mark Zwick miembro de Casa Juan Diego, una organización católica que brinda hospedaje a trabajadores en Houston, Texas, indica que con frecuencia trabajadores indocumentados son retenidos en centros de detención de la INS por crímenes que fueron cometidos hace años.

"Un hombre de 65 años podría ser detenido por una ofensa que cometió a los 18", manifestó Zwick, "con frecuencia se dan casos que cuando un hombre es deportado deja atrás a su esposa e hijos". Zwick indica que la historia de `Alma' es algo que sucede con frecuencia en Casa Juan Diego. Alma llegó al centro con siete meses de embarazo. Debido a que no contaba con una tarjeta de identificación, Alma no podía recibir servicios prenatales en ninguna clínica que recibiera fondos del gobierno. Después de ser encarcelada en un centro de detención del INS, el esposo de Alma fué deportado, dejándola sola y con mucho miedo. Afortunadamente, Casa Juan Diego, pudo hospedarla y otorgarle a ella y a su bebé la atención médica prenatal. "Generalmente hospedamos entre 100 y 150 personas cada noche", explicó Zwick, "ayudamos a los indocumentados, los enfermos y a los que no tienen donde hospedarse".

La detención indefinida de una persona indocumentada de parte del INS, se inicia con su arresto por una ofensa criminal o cuando es aprehendida por residir en el país de manera ilegal.

Después de cumplir la sentencia por la ofensa criminal, el INS solicita por el prisionero la deportación a su país de origen. Existen varios países que no admiten que personas indocumentadas vuelvan a su tierra natal. Entre esas naciones se encuentra Cambodia, Laos, China y Cuba. Debido a que estos países no permiten el reingreso de estos deportados, las personas son retenidas indefinidamente, ya sea en las instalaciones del INS o en cárceles rentadas por la misma agencia.

En el mayor número de los casos, las personas detenidas por el INS no hablan Inglés. La barrera de comunicación en el idioma se presenta como un enorme problema para las personas que buscan ayuda o asesoría. Amnesty International (Amnistía Internacional) ha analizado el servicio de interpretación que ofrece la delegación de INS en la ciudad de San Pedro, Ca., y ha concluído que "es totalmente inadecuada".

El INS debe proveer servicios de interpretación en varias situaciones o casos: durante la entrevista inicial con el oficial del INS en el puerto de entrada, durante la entrevista con el oficial de asilo en caso de que los detenidos solicitan asilo, durante los procedimientos legales y durante emergencias médicas.

De acuerdo a Amnesty International, los detenidos necesitan de mejores servicios de traducción/interpretación que los que provee la agencia de INS.

La abogada Carol Perkins trabaja para la Central American Resource Institute (Instituto de Recursos Centro Americanos) y ha repre-sentado legalmente a clientes que se encuentran detenidos en el centro del INS en San Pedro. La abogada se ha percatado que cuando el INS emite documentos a los presos, estos documentos están elaborados en inglés. "No existe ninguna traducción de los documentos que se les otorgan a los detenidos", aseveró, "otro de los problemas para estas personas es que las únicas llamadas permitidas son las que se hacen por cobrar, y estas cuestan mucho dinero".

Sin embargo, los defensores de los indocumentados indican que, el mayor problema que se presenta al detener a estas personas es el `hospedje' en cárceles locales. Debido a que los centros de detención de la INS se encuentran abarrotados, la INS frecuentemente contrata o renta cárceles locales para `alojar' a los indocumentados, a pesar de que estas personas no deberían estar en prisión.

En muchos casos, los detenidos son personas que fueron capturadas en redadas de trabajo o en la calle o que buscan asilo político.

Recientemente, Human Rights Watch emitió un reporte de 84 páginas titulado `Locked Away: Immigration Detainees in Local Jails in the United States' (Encerrado: Inmigrantes Detenidos en Cárceles Locales de los Estados Unidos'), en donde documenta la costumbre del INS de contratar prisiones locales para alojar a detenidos indocumentados. En muchos casos, los indocumentados son mezclados con la población general de la prisión, exponiéndolos a los recursos que han sido sentenciados por crímenes violentos.

Defensores de Human Rights han indicado que han cobrado ánimo debido a una serie de decisiones favorables de las cortes de justicia hacia los inmigrantes, como el caso del Estado de Washington, en donde a pesar de que se reconoce que la INS tiene todo el derecho de deportar a personas indocumentadas, estas mismas deben de tener acceso a ciertos derechos garantizados por la Constitución de los Estados Unidos. "Las Cortes de Justicia apoyan nuestra posición al reconocer que los deportados gozan de derechos constitucionales", manifestó Wheeler.

"Además", indica Zwick en una edición reciente del periódico Houston Catholic Workers, "Ustedes, los llamados `extranjeros ilegales' deben saber que ningún ser humano es `ilegal'. Eso es una contradicción de términos... ¿Cómo es posible que un ser humano sea ilegal?"

(Tomado de "La Cruz de California" año tres número 9, Septiembre, 1999).

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